Como expertos recomendamos que aquellas empresas con problemas estructurales y de solvencia económica no esperen a final de año para presentar el concurso.

Instamos a las empresas con problemas de solvencia a que «pierdan el miedo» a declararse en concurso de acreedores, un procedimiento que pueden seguir solicitando a pesar del estado de alarma y que, llegado el caso, sería clave para su continuidad.

En declaraciones a Efe, el vicedecano del Colegio de Registradores de España, José Miguel Tabarés, aclara que aunque el Gobierno haya ampliado el plazo para solicitar concurso hasta finales de año, ello no impide acudir a esta vía, y añade que «es beneficioso» hacerlo antes de que la situación se agrave.

Esperar hasta final de año para declarar el concurso sólo tiene sentido cuando la empresa o el empresario tienen «suficiente músculo financiero» y presentan un problema de liquidez provisional propiciado, por ejemplo, por la actual crisis del coronavirus.

Ahora bien, aquellas «estranguladas financieramente» que «tienen embargos de las cuentas a cobrar o que en un futuro, antes del 31 de diciembre, se vean sometidas a una ejecución administrativa, judicial o extrajudicial, deberán iniciar el preconcurso o el concurso de acreedores».

Sólo así se podrá «levantar el embargo», relata Escolà, que reitera que la moratoria no es la solución cuando se presentan «problemas estructurales».
Aunque a raíz de la crisis financiera de 2008 los concursos de acreedores –antiguas suspensiones de pagos- están cada vez más extendidos, los expertos reconocen que la sociedad aún guarda cierto recelo respecto a esta fórmula.

«La gente desconfía de la empresa o del empresario. Piensa que algo ha hecho mal y no se fijan en que la mayoría de las veces no se debe a la falta de diligencia sino a las circunstancias del mercado, del sector», lamenta la abogada, que resalta cómo este pensamiento contrasta con el estadounidense, donde se dice que «el empresario que no ha tenido una quiebra, no es un auténtico empresario».

A la espera de cómo evolucionan estos procedimientos, lo que es una realidad es el incremento de las consultas que recibe el registro público concursal, que hasta hace unas semanas había duplicado su actividad.

Este aumento deriva de la necesidad que tienen empresas, pymes y autónomos golpeados por la pandemia de acreditar que no se encuentran en concurso para solicitar los avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y obtener financiación.
También ha subido la actividad de publicidad del registro «como consecuencia de las notas de localización de bienes que exigen las moratorias -hipotecaria y del alquiler-«, mientras que se ha reducido «muchísimo, exponencialmente» la entrada de nuevas operaciones, tanto mercantiles como de la propiedad.

La ampliación del plazo para declarar el concurso es sólo una de las medidas del decreto-ley para la recuperación de la actividad judicial, que recupera la figura del reconvenio y contempla, entre otros aspectos, no computar las pérdidas de este año en las causas de disolución.

«Estamos en una situación que necesita medidas mucho más radicales. No digo que sean malas, pero sí tibias», como asegura el presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Diego Comendador, que echa en falta un desembolso económico en la Administración de Justicia que incluya «refuerzos de plantilla y juzgados».

Lejos del previsible repunte de la actividad concursal, la emergencia sanitaria ya se deja sentir en otros campos como la compraventa de viviendas, donde «estamos hablando de disminuciones del 80 % «.
No obstante, el «mejor termómetro de la confianza de los empresarios en la economía» continúan siendo las ampliaciones de capital y las constituciones de empresas, que «sólo en marzo cayeron más del 30 %, y en abril continuaron en descenso».